Desde el sector social y cívico de la discapacidad nunca olvidaremos este mes de marzo, cuando el Tribunal Supremo hizo pública su decisión con respecto al recurso presentado en contra del RD 536/2013, que regula la distribución de fondos derivados del 0,7% de IPRF destinado a actividades de interés social.

A principios de año, el Movimiento Asociativo de la Discapacidad, articulado en torno al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), y las entidades sociales, pertenecientes a la Plataforma del Tercer Sector, nos movilizábamos para salvar este modelo de gestión que se encontraba amenazado por pronunciamientos judiciales que ignoraban su impacto en el mantenimiento de los niveles de inclusión, bienestar y equidad de los grupos de población más vulnerables. Finalmente, el Tribunal Supremo desestimó el recurso contencioso-administrativo de la Generalitat de Cataluña y, por primera vez, nos daba la razón.

Una sentencia histórica que, sobre todo, se ponía de parte de las personas que están viviendo las situaciones de mayor vulnerabilidad, acercándolas a los contribuyentes que, con un simple gesto, pueden expresar su solidaridad y decidir el mejor destino de su aportación.

En nuestro caso, gracias a esa “X Solidaria”, podemos llevar a cabo, en todo el territorio nacional, tres programas de gran importancia para las personas sordas y para sus familias que, el pasado año supusieron (como se puede comprobar en nuestro Balance de Redes) cerca de 8.000 gestiones derivadas de la Atención y el Apoyo a las Familias, la prestación de más de 23.200 servicios de Intervención Logopédica, la realización de la accesibilidad de más de 140 actos y espacios públicos y que se subtitularan 70 piezas audiovisuales.

Estos hechos han demostrado que este sistema, garante de equidad, cohesión y coherencia territorial, avalado por casi tres décadas de existencia, es la fórmula óptima de gestión para llegar más y mejor a las personas y grupos más desfavorecidos en situación de exclusión en España.

Confiamos en que así lo considere el futuro Gobierno y que trabaje por consolidar y extender un modelo que ha sido, en gran medida, el artífice del cambio social en nuestro país y que hace posible que, actualmente, siete millones de personas puedan recibir la atención que precisan a todos los niveles, y que, de otra forma, habría sido imposible.