SIN TITULAR

Al cierre de este número resultó complejo determinar cuál iba a ser el tema a abordar en el editorial. Y no precisamente por ausencia de temas que fueran merecedores de destacarse en esta página donde exponemos todo aquello que, además de estar claramente ligado a la actualidad informativa, más hondamente nos preocupa y nos ocupa. Así, en esta ocasión, en las distintas secciones de nuestra Revista, se podrán encontrar varias de estas cuestiones.

La presentación de la nueva denominación de FIAPAS que, por mandato de su Asamblea General, y conforme a una adaptación estatutaria también reciente, pasa a ser CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FAMILIAS DE PERSONAS SORDAS - FIAPAS.

Con este cambio, manteniendo la marca FIAPAS, se identifica mejor el ámbito de representación de nuestra organización (movimiento asociativo de familias), el eje de nuestra política asociativa (los padres y las madres) y su razón de ser (las personas sordas, fundamentalmente niños, niñas y jóvenes que son el origen de la creación de nuestras asociaciones).

Otra cuestión de relieve es la aprobación de la Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud, cuyo objeto es garantizar la equidad y la accesibilidad a una adecuada atención sanitaria a través de las prestaciones sanitarias de salud pública, atención primaria, atención especializada y prestación ortoprotésica, siendo éstas, entre otras no citadas aquí, las de mayor interés en relación con las personas con discapacidad auditiva.

Los servicios contenidos en la Cartera tienen la consideración de básicos y comunes en todo el Estado y para todos los usuarios del Sistema Nacional de Salud. Cabe destacar en la Atención Primaria la inclusión de la detección de sorderas infantiles, en la Atención Especializada los procedimientos diagnósticos y terapéuticos, incluida la logopedia, y, dentro de la Prestación Ortoprotésica, las prótesis de oído medio, los implantes auditivos y los audífonos. Si bien, respecto a éstos últimos, se mantiene la injustificable limitación de la prestación hasta los 16 años, que implica una clara discriminación por razón de edad, que seguimos señalando como inaceptable en nuestras demandas.

Por último, y objeto de nuestro reportaje central, la Convención de la ONU para la protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Esta Convención, una vez aprobada, será el primer gran tratado sobre derechos humanos del siglo XXI. Se trata de una norma internacional, con cincuenta artículos que comprenden derechos civiles y políticos, la accesibilidad, la participación y la inclusión, la educación, la salud, el trabajo y la protección social.

La Convención llena un vacío existente en las normas internacionales en relación con los derechos de las personas con discapacidad. La gran diversidad de situaciones y de recursos existentes entre unos países y otros ha hecho laborioso el consenso, logrado finalmente sin perjuicio de que el punto medio alcanzado no rebaje un ápice de las conquistas alcanzadas en los países más avanzados (uno de ellos, España) en materia de educación, salud, servicios sociales y tecnología. Logros que están en el haber del movimiento asociativo de la discapacidad, cuyo mejor exponente, entre otros, es esa nueva generación de niños, niñas y jóvenes sordos, con la que ya convivimos con unas expectativas de desarrollo personal y comunicativo inimaginables hace escasamente una década.

En definitiva, en las páginas siguientes se van a encontrar con tres importantes cuestiones. Cualquiera de ellas podría haber dado un titular para este editorial.