La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (en adelante la Convención) y su Protocolo Facultativo fueron aprobados el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) y recogen los derechos de las personas con discapacidad, así como las obligaciones de los Estados parte de promover, proteger y asegurar el ejercicio de los mismos. España ratificó ambos instrumentos el 21 de abril de 2008, entrando en vigor el 3 de mayo de ese mismo año.

Con esta declaración gubernamental, impulsada por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, a propuesta del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), se promueve el conocimiento, la difusión y la toma de conciencia acerca de la Convención y sus principios, valores y mandatos, extendiendo la cultura de derechos humanos en la esfera de las personas con discapacidad.

Contar con un día anual dedicado a la Convención ayudará a dar a conocer a los poderes públicos, operadores jurídicos y económicos, agentes sociales, medios de comunicación y a la sociedad en general la trascendencia de este tratado como el dispositivo jurídico, político y social más adecuado para que las personas con discapacidad puedan hacer efectivos sus derechos.

El papel de generación de cambio social que tiene la Convención se incrementa e intensifica al establecer la conexión con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Desde un enfoque de derechos humanos, interpretando la Convención en clave de ODS y los Objetivos en clave de Convención, se producirá el efecto generador de cambio social que precisan las personas con discapacidad -y sus familias- para lograr una sociedad plenamente inclusiva.

La Convención y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, combinados, marcan la hoja de ruta que debe regir la agenda política de la discapacidad en los próximos años.